Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil

Estimados Compañeros y Compañeras Asambleístas

El Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil se planteó discutir y desarrollar una propuesta sobre el contenido de la Constitución desde la mirada de los y las jóvenes del país. Más de 100 organizaciones juveniles de Costa, Sierra Amazonía y Galápagos hemos  construido el Mandato Juvenil. Nuestras propuestas han sido entregadas al presidente de la Asamblea Constituyente, Ec. Alberto Acosta y a varias de las Mesas Constituyentes.

Nuestros planteamientos están encaminados a la creación de un Ecuador mejor, en el que todos y todas convivamos en armonía y equidad. Nosotros y nosotras consideramos indispensable que, para consolidar este sueño de país, la nueva Constitución debe incluir algunos puntos fundamentales. Entre estos está la soberanía del cuerpo, este es un requisito fundamental para la construcción de regímenes democráticos, pues no se puede hablar de derechos cuando las personas no tenemos la posibilidad de determinar de manera autónoma, libre y voluntaria las decisiones sobre  nuestra vida y cuerpo; por otra parte todo Estado que se defina como democrático debe limitar su acción a garantizar el acceso a información científica sobre sexualidad y reproducción, a la provisión de servicios que garanticen la libertad de decisión de las personas ya que las decisiones que afecten la vida de los seres humanos, pueden ser únicamente tomadas por los afectados.

Los y las jóvenes queremos un Estado que garantice a sus ciudadanos y ciudadanas las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que posibiliten el desarrollo integral del ciclo vital de cada ecuatoriano y ecuatoriana. Consideramos que este aspecto debe se uno de los fundamentos de la nueva Carta Magna.

Nuestra apuesta es por una vida digna y sin violencia. Prácticas como la publicidad sexista, el acoso y abuso sexual, la pornografía infanto juvenil, explotación sexual, trata de personas, trabajo infantil, son expresiones de violencia que afectan especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los problemas de salud pública, principalmente los referentes a la salud sexual y reproductiva siguen siendo abordados desde visiones moralistas y reduccionistas que no toman en cuenta las condiciones de extrema pobreza, el enfoque de derechos humanos y la obligatoriedad que el Estado tiene frente a la Salud como un derecho fundamental e integral. Esta limitada visión es la causante de la pérdida de cientos de vidas humanas.
Creemos importante que se tengan presentes algunos datos de esta realidad:

Juventud en la población ecuatoriana 2005.

Grupos de edad    Hombres    Mujeres    Total
15 a 24 años    1.300.640    1.267.673    2.568.313
25 a 29 años    550.287    544.003    1.094.290
Fuente: INEC – Proyecciones de población 2001 – Elaboración: STFS – SIISE

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, el 66,7% de la población ecuatoriana es pobre; sin embargo, este promedio nacional requiere ser diferenciado considerando formas de exclusión estructural basadas en “raza o etnia” donde 9 de cada 10 personas autodefinidas como indígenas son pobres, y 7 de cada 10 personas autodefinidas como negras son pobres.

Haciendo una diferencia entre campo y ciudad tenemos, que 6 de cada 10 jóvenes son pobres, en el campo la cifra crece de 8 a10.  Si 6 de cada 10 jóvenes son pobres, 3 de ellos viven en condiciones de extrema pobreza. En la zona urbana los jóvenes en extrema pobreza representan el 16,8% en el campo es de 49,3%.1
Los años de escolaridad promedio de nuestros jóvenes es de apenas 6.8 años, de un total de 9 años obligatorios. Solo el 8.3% de la población juvenil completa sus estudios universitarios.

En la población femenina adolescente, comprendida entre 15 y 18 años, el 13,7% es madre. El 57,8% de mujeres, de entre 15 y 24 años cuando confirmaron su primer embarazo interrumpieron sus estudios. De ellas solo el 16,5% volvió a estudiar  y el 41,3% no reinició sus estudios. Esta realidad se reproduce con una proporción del 65,2%, mientras que en el área urbana se registra un porcentaje del 55,4%.

•    El Estado garantizará a sus ciudadanos y ciudadanas las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales donde la soberanía y autodeterminación de sus cuerpos sea un ejercicio y un derecho irrenunciable. Que las y los jóvenes tengan la capacidad de decidir sobre sus cuerpos, sus afectos y formas de interrelación, que no coarten su integridad y dignidad humana.
•    Garantizará la educación sexual científica, oportuna, acorde a la realidad, libre de prejuicios, mitos y estigmatizaciones, basada en los principios de laicidad desde un enfoque de derechos y desarrollo humano.
•    Garantizará a sus habitantes una vida libre de violencia y delitos sexuales.
•    Garantizará el acceso a todas las personas a recibir servicios de atención especializados y diferenciados, con calidad y calidez, el acceso a métodos de anticoncepción de calidad y de emergencia para la prevención de embarazos no deseados.
•    Promoverá programas educomunicativos independientes de afiliaciones políticas, religiosas o económicas, que contribuyan a las reflexiones sobre la sexualidad desde una perspectiva integral, humanista y de derechos
•    Reconocerá y garantizará el principio de igualdad y libertad de expresión a todo nivel, que promueva una sociedad incluyente, no discriminatoria de las diversas expresiones, orientaciones e identidades sexuales.
•    Garantizará la calidad de vida y la dignidad humana, que promueva campañas de prevención de VIH – SIDA y que bajo los principios de gratuidad fomente la dotación de medicamentos retrovirales y genéricos de calidad.
•    Sancionará la discriminación que se comete en los establecimientos educativos y en los sectores laborales para quienes viven con VIH – SIDA.

La sexualidad humana, desde el punto de vista integral y de derechos humanos, se relaciona con la Economía, la Política, la Cultura, es decir en seno el mismo de la interacción social.

stamos convencidos y convencidas de que la Democracia Participativa, la Ciudadanía Política es una apuesta que el actual proceso constitucional debe fortalecer.  La Constitución Ecuatoriana no puede retroceder en los derechos humanos alcanzados. El mandato popular que les ha sido delegado es para profundizar las garantías y derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano, el cual en su gran mayoría es menor a 30 años, es decir Ecuador es un país eminentemente joven.
Les invitamos a reflexionar sobre estos y otros temas que con gusto estaremos prestos a debatir horizontalmente entre sujetos políticos iguales, movidos por el profundo compromiso de transformación del Ecuador.
Los y las Jóvenes no somos masa electoral, somos Sujetos de Derechos con propuestas, acción creativa y rebeldía.