Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil

 

1.- El Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil:

Desde el mes de febrero del 2007, los y las jóvenes de diversas organizaciones e instituciones de Costa, Sierra y Oriente, venimos discutiendo y construyendo una propuesta hacia la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que hemos denominado Mandato Juvenil.

La Asociación Cristiana de Jóvenes, La Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, el Observatorio Juvenil del Servicio Paz y Justicia del Ecuador y el Movimiento Colibrí, son las organizaciones que en un primer momento facilitaron la consolidación de un espacio de articulación organizativa, denominado “Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil “Jóvenes por el país que soñamos” y que queremos.

Actualmente este espacio convoca a más de 100 Organizaciones Juveniles del País, quienes somos las mandantes y constructoras del presente Mandato Juvenil a la Asamblea Nacional Constituyente. Plataforma Política de las Juventud(es) que busca fundamentalmente la visibilización de la Actoría y Participación Juvenil en defensa de los derechos de las y los jóvenes del Ecuador.

2.- Las y los jóvenes y la Asamblea Nacional Constituyente:

La globalización neoliberal ha propiciado un escenario totalmente contrario al ofertado (sociedad de bienestar). Así vemos que actualmente no cabe duda que el capitalismo a través del modelo neoliberal y sus políticas de ajuste estructural ha provocado la profundización de la brecha entre pobres y ricos que es alimentada por la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, salud, servicios básicos, empleo digno.

En América Latina y Ecuador, esta realidad se agudiza en relación a los y las jóvenes, ya que somos vistos como mano de obra barata, reducidos por el mercado a consumidores de moda, de elementos culturales y estereotipos.

Actualmente, los y las jovenes constituimos la mayor parte de la población ecuatoriana.Según el último Censo Poblacional alrededor del 60% de la población ecuatoriana es menor a 35 años. Es en este sentido que las temáticas de juventud siguen siendo materia pendiente para el Gobierno y Estado Ecuatoriano.

Si bien es cierto que la actual Constitución Política del Ecuador es considerada una constitución de avanzada en la parte declarativa de los derechos humanos, la efectividad de los mismos entra en absoluta contradicción frente a la estructura económica, política e institucional que promulga la carta magna

La sociedad neoliberal en la que vivimos se caracteriza por ser adultocéntrica, patriarcal y violenta, considerando al sector juvenil como sector de riesgo, por lo tanto los y las jóvenes somos vistos como “vulnerables a las patologías” del sistema social: la drogadicción, el alcoholismo, embarazos precoces (no deseados o forzados) y la delincuencia, ligados con frecuencia a escenarios de violencia.

En momentos en que la sociedad ecuatoriana se encuentra construyendo una nueva constitución, para muchos de los y las jóvenes de entre 15 a 25 años se trata de la primera vezque enfrentamos una situación de debate político similar. Por tanto, hemos propiciado este proceso de debate y discusión, pensándonos en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas: portadores de derechos, así como en nuestra condición de actores del proceso de cambio, por el que hemos reclamado en acciones contestarías, de protesta y en espacios múltiples de debate y posicionamiento político.

Por ello llegamos aquí con nuestras propias propuestas, con nuestras voces y nuestros cuerpos a aportar en la construcción de un país para todos y todas, a re – significar la democracia, la soberanía territorial y de nuestros cuerpos, a romper el silencio de nuestra exclusión. Es asì que con el presente Mandato Juvenil pretendemos contribuir a desmontar el modelo neoliberal que ha tenido impactos devastadores para el pueblo ecuatoriano.

El movimiento de jóvenes no es ni ha sido estático, por años se ha consolidado desde las diversas expresiones, de los sectores sociales, y en diferentes escenarios sociales y políticos, “los y las jóvenes hemos estado aquí”.

Nuestra plataforma política busca visibilizar al Sujeto Joven, hombre-mujer, como Sujeto de Derechos, como Sujeto Político en su dimensión integral. Jóvenes que se desarrollan sobre una realidad social, política, económica y cultural desde condiciones de exclusión y discriminación generacional, de género, étnica y de clase.

3.- Nuestro Objetivo Político Nacional:

Soñamos y queremos un Ecuador que se inspire y reconozca en su historia como nación milenaria forjada por mujeres y hombres diversos pertenecientes a distintos pueblos.

Buscamos establecer una sociedad democrática, igualitaria y no discriminatoria que sea respetuosa de las diversidades tanto culturales , de género, sexuales, generacionales, y demás identidades y que desde esta riqueza a través de la participación aporte a la construcción de un Estado de derechos, laico, plurinacional y descentralizado.

Una sociedad en donde el Estado brinde atención equitativa tanto al área rural como urbana; que consolide los valores de convivencia intercultural, solidaria, con justicia social, integridad territorial; que posibilite la equidad, la inclusión étnica con respeto a sus formas de organización, de género, generacional y de las nuevas estructuras de familia para esta y las futuras generaciones.

Una sociedad que proclame la soberanía tanto territorial como de los cuerpos de sus ciudadanos y ciudadanas , la libertad, la paz como bien supremo de las naciones, la garantía universal, indivisible y progresiva de los derechos humanos.

Un Estado que promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, sin subordinación alguna; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático.

4.- Principios Fundamentales de las y los jóvenes que se deben reconocer en la nueva Constitución:

PARTICIPATIVO.

No podemos hablar de verdaderos procesos participativos y democráticos cuando aún las viejas prácticas de ver la democracia siguen siendo mecanismos de exclusión y discriminación. La mirada adultocéntrica y patriarcal aún tiene en sus manos la toma de decisiones. Los mecanismos de consolidación de acuerdos, a nivel local, los cacicazgos, y las prácticas clientelares que se mantienen sobre todo en relación a los y las jóvenes, siguen atentando contra este derecho democrático e imprescindible. .

Exigimos un Estado que garantice el respeto a la acción organizativa, que el derecho a la participación social y ciudadana sea fundamento de la dinámica política, económica y social de la sociedad ecuatoriana. En este sentido la veeduría, la rendición de cuentas y la revocatoria del mandato serán algunos de los mecanismos con los que se cuente para la evaluación, apoyo y exigibilidad a los cargos e instituciones públicas. El control ciudadano deberá mantenerse y desarrollarse tanto en los espacios públicos como privados.

LAICO.

Estado Laico = Estado Democrático

Un Estado laico es aquel donde los puntos de vista de las Iglesias, no interfieren en la gestión del Estado. Es decir no se ponen delante de la formulación de las leyes, ni en la formación de políticas, ni en la resolución de conflictos sociales. Esto supone, por supuesto, madurez democrática y altos niveles de eficacia y eficiencia en la administración estatal.

Exigimos la separación de la Iglesia y Estado, que las decisiones políticas y los asuntos internos no sean competencia de la iglesia.
Los y las Jóvenes demandamos un Estado Laico que no represente, no avale, ni legitime a ninguna iglesia, que garantice la libertad de conciencia y religión, de expresión de las diversas creencias, cultos, filosofías de vida y cosmovisiones desde el respeto y la convivencia intercultural. Por tanto que el marco legal nacional e internacional de Derechos Humanos sea el rector de las decisiones estatales.

DIVERSO.

La diversidad es una de las características fundamentales de nuestros pueblos, partimos del reconocimiento a las diversas expresiones culturales; de identidad, de edad, de orientación sexual, y luchamos contra toda forma de discriminación, violencia y exclusión.

El Estado Ecuatoriano debe reaccionar firmemente contra las expresiones de racismo, fascismo, homo y lesbofobia, sexismo, clasismo que no permiten el reconocimiento pleno de nuestros derechos.

Consideramos que el Estado debe ocuparse de potenciar la comprensión y convivencia intercultural e intergeneracional. Los principios de inclusión y no discriminación deberán ser los rectores para el respeto a la diferencia teniendo como base fundamental la dignidad humana y la cultura de paz.

El reconocimiento del otro u otra , en igualdad de derechos; el respeto a las orientaciones sexuales diversas, cosmovisiones culturales, formas de organización social, a especificidades de género y generacionales, deberán ser principios constitucionales de la sociedad ecuatoriana. La igualdad y la diferencia se refuerzan mutuamente procurando relaciones sociales cooperativas y dialógicas.

SUSTENTABLE.

La destrucción de nuestros recursos naturales debe contenerse. Nuestros recursos mineros, hídricos, los manglares, la selva son fundamentales para nuestra vida, por lo tanto deben ser protegidos.

Exigimos un Estado que no los concesione, privatice ni permita que se los patente., que periódicamente realice estudios de impacto ambiental y restitución al Estado por los daños provocados por la estracción de estos recursos.

Consideramos imprescindible construir y aplicar un nuevo modelo de desarrollo que se base en el cuidado, protección y manejo ecológico. . Los y las jóvenes proponemos un modelo económico comunitario, solidario, equitativo, democratizador de los medios de producción, con equilibrio ambiental, que respete la autodeterminación y los derechos colectivos de los pueblos. Exigimos el reconocimiento del valor productivo del trabajo de las y los jóvenes como un sector que aporta al desarrollo del país. Las perspectivas de clase, género, generacional, étnica, ecológica deben ser ejes transversales de todos los programas, planes y políticas de desarrollo.

LIBRE.

La soberanía como una voluntad omnímoda, se caracteriza por ser indivisible, inalienable e imprescriptible. Es el poder que tiene toda persona natural o jurídica en cuanto sea y hasta donde sea capaz de actuar por sí con propia capacidad. En lo que respecta al Estado Ecuatoriano, implica la capacidad de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno y su territorio. Ir contra este principio limita y coarta su autodeterminación.

La libertad, es un derecho fundamental y un derecho humano. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, siempre y cuando no violente ni discrimine. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Ejercer este derecho no debe ser motivo de represión, tortura, o cualquier otra forma de violencia.

SOBERANO.

Un Estado donde la autodeterminación fundamente el manejo del territorio, la biodiversidad, la defensa, la economía interna y externa, siendo el interés y voluntad del pueblo quien guíe la toma de decisiones estatales. El Ecuador es territorio neutral y de paz, en ejercicio de su soberanía no albergará bases militares, ni tropas extranjeras, ni paramilitares. Se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera, no se involucrará militarmente en conflictos internacionales de forma unilateral o en coordinación con otros estados.

Un Estado que garantice a sus ciudadanos y ciudadanas las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales donde la soberanía y autodeterminación de sus cuerpos sea un ejercicio y un derecho irrenunciable. Que las y los jóvenes tengamos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros afectos y formas de interrelación, que no coarten nuestra integridad y dignidad humana.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROGRESIVIDAD.

Considerando que el nuevo texto constitucional ha de basarse en los principios de progresividad de derechos y que es deber del Estado respetar instrumentos y normas internacionales, el mandato desde los y las jóvenes propone avanzar en la construcción y reconocimiento de los derechos humanos con miras a fortalecer la participación.

Como organizaciones juveniles nuestra mirada a los Derechos Humanos es desde su carácter sociohistórico, interdependientes, integrales e indivisibles. Reconocemos que su promulgación y aplicabilidad ha respondido a luchas históricas de los diversos sectores sociales, en este caso nuestra lucha como jóvenes hombres y mujeres por país que soñamos y queremos. PLANTEAMOS EL RECONOCIMIENTO DEL SECTOR JUVENIL COMO SECTOR CONSTITUTIVO DEL PAIS, DE FORMA QUE DEMANDAMOS ESTAR EXPRESAMENTE RECONOCIDOS Y RECONOCIDAS EN LA CONSTITUCION QUE SE ESTA GESTANDO

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

No garantizar y reconocer los derechos sexuales y reproductivos a los y las jóvenes puede costarnos la vida. Por tanto exigimos que estos derechos sean garantizados en el nuevo texto constitucional, sobre todo el derecho de las personas a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual y sobre su vida reproductiva. Así también deberán garantizarse estos derechos planamente en los campos de la educación y la salud, brindando servicios, información y atención especializada.

Es necesario que el Estado promueva planes y programas sobre estos derechos, desde enfoques integrales. para crear una cultura de autonomía y de una vida libre de toda forma de violencia.

LA OBJECIÒN DE CONCIENCIA.

La Objeción de Conciencia como un derecho humano fundamental que contribuye a la cultura de paz, afianza el principio de libertad de conciencia, religión y pensamiento contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que ha sido ratificada por el Estado ecuatoriano y en la cual se debe basar la Constitución.

Un país objetor es un país no violento, respeta la opción individual y colectiva, busca una transformación social a través de la libertad, el respeto a la diversidad y los derechos humanos. La Objeción de Conciencia es la negativa a apoyar todo tipo de dominación, imposición y reproducción de la violencia sea esta estructural, personal, grupal, intra – familiar oreligiosa. Principalmente se refiere al servicio militar y otras imposiciones que puedan ir en contra de las convicciones personales ya sean estas: éticas, religiosas, morales, filosóficas, ideológicas, humanitarias, políticas o religiosas. La opción personal no podrá causar daño a otros u otras personas, ni al medio ambiente.

Esta opción por la vida, el compromiso con la cultura de la paz, es el aporte con los procesos de humanización que se concretan en expresiones de desobediencia civil, cuya levadura es la objeción de conciencia.

Rechazamos el servicio militar obligatorio, ya que es contrario a nuestras propuestas que se basan en principios de no violencia, paz, justicia y equidad. Por lo tanto el Servicio Militar deberá ser voluntario y buscar una profesionalización del mismo.

Integrar en la legislación nacional este derecho permite aspirar a una plena consecución de las libertades democráticas y desarrollar una mayor promoción de las personas. La Objeción de Conciencia enriquece la democracia y el ejercicio democrático, haciendo que éste atienda prioritariamente a la dignidad de las personas y opte por la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, refuerza la promoción y respeto de la paz como valor y derecho.

JUSTO Y EQUITATIVO.

La Equidad es un valor básico para toda sociedad, se deriva de lo entendido como igualdad. La equidad nos permitirá la constante búsqueda de la justicia social, que asegure a todas las personas condiciones de vida, de trabajo, de educación, de salud, dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros. La condición social, sexual, de edad, de género, religión, situación de salud entre otras, no será motivo para la exclusión.

Un Estado que se rija con los principios de justicia social, igualad y equidad, que garantice y promueva el desarrollo integral de todos sus habitantes, tomando en cuenta sus necesidades y demandas específicas. La equidad de género y generacional deberán ser principios constitucionales.

INCLUYENTE.

Debe ser un principio que reconozca el estado, donde la población Joven sea vista como un actor estratégico para el desarrollo del país, que genere procesos de intercambio de aprendizajes, promueva sus fortalezas, genere nuevos espacios de participación, aporte y contribuya a los procesos políticos, sociales, económicos, ambientales del país.

NO PATRIARCAL.

La expresión del sistema patriarcal, aliado histórico del capitalismo, contribuye a relaciones de poder verticales, autoritarias, excluyentes y violentas. Estas relaciones de poder se visibilizan e imponen de forma personal y social afectando especialmente la vida de las/los jóvenes.

Entendemos por Patriarcado/Sistema patraiarcal: La manifestación y la institucionalización de prácticas de relaciones de poder asimétricas entre los género. Históricamente del dominio masculino sobre las mujeres y la sociedad en general El patriarca, como depositario simbólico del poder de la trib o de cualquier referente de organización social El patriarca es la figura que desde el siglo V antes de Cristo ha acompañado a las diversas civilizaciones respecto del modo como se organizan los recursos, excedentes, necesidades y satisfacciones de la especie y cuyo orden de poder supone la primacía de un patriarca (jerarca) sobre los otros tributarios, esclavos o grupos sociales que trabajan y reproducen el orden social a favor del patriarca. El patriarca, además, dirigía al clero y estaba vinculado con la Iglesia o era en sí mismo su obispo y representante.

• Es un análisis político de los órdenes de género no una visión moral de lo que hacen o han dejado de hacer mujeres y hombres;
• Es el reconocimiento de que las sociedades contemporáneas son frutos de procesos históricos de acumulación y desacumulación de poder donde los hombres dado que son herederos naturales del patriarca y el patriarcalismo (o sea designados como los correctos por los órdenes religiosos, familiares económicos políticos y administrativos) los que dominan el orden de género de las sociedades contemporáneas limitando a las mujeres sus libertades y ejerciendo la tutela como mecanismo de subyugación y dominio.

Por tanto planteamos un Ecuador donde el ser mujer no condicione la participación, la toma de decisiones, las representaciones políticas y públicas, ni recaiga solo en ellas las relaciones de pareja, el cuidado de los hijos e hijas, la doble o triple carga laboral, los quehaceres domésticos. Queremos un Ecuador donde podamos convivir y compartir en igualdad, sin presión, ni violencia, sin relaciones de poder, con hombres más humanos y más sensibles. La igualdad y la diferencia se refuerzan mutuamente procurando relaciones entre los géneros más cooperativas, solidarias y dialógicas. Que los diversos sectores sociales del país vivan una condición identitaria recíprocamente, desde un diálogo de saberes, aprendizajes enmarcados en un proyecto de país incluyente.
NO ADULTOCENTRICO.

La sociedad adultocéntrica ha venido funcionando desde prácticas y normas arraigadas a través del proceso histórico, el cual nos da clara cuenta de cómo los y las jóvenes, los niños y las niñas, las y los abuelos/as han sido tratados como seres inacabados o ya caducos, en etapa transitoria o de preparación, reducidos a objetos que en el mejor de los casos se les considera población a ser “atendida”, su valor se basa en la capacidad de consumo y de producción. En la sociedad adultocéntrica el poder de la palabra, las decisiones y la vida misma gira en torno al adulto y adulta. Es por ello que proponemos que la constitución exprese claramente “un estado no adultocéntrico” porque esta visión ha provocado la discriminación de las juventud(es), esta declaración se evidencia en la posibilidad de insertarse en el mundo político y laboral en igualdad de condiciones.

Proponemos entonces un Estado que transversalice el enfoque intergeneracional en todo el aparataje público. Lo intergeneracional tiene que ver con transformaciones en la relación adulto-joven. Proponemos entonces al interior de las instituciones del Estado, la familia, la escuela exista una comprensión de lo joven y lo juvenil, buscando relaciones horizontales, en franco diálogo de saberes, que permita que las y los jóvenes, adultos, adultas niños, niñas, mujeres y hombres interactúen en forma cooperativa y recíproca.

Invisibilizar en el texto constitucional a las y los jóvenes perennizará y reforzará el modelo adultocéntrico y excluyente en relación a la participación y propuesta política de las y los jóvenes por eso nuestras propuestas a la constituyente son:

5.- NUESTRAS PROPUESTAS:

Estado Laico:

1. Un Ecuador laico para vivir una nueva democracia, donde las iglesias no sean la sombra a la que haya que dirigirse para realizar cambios fundamentales. La nueva constitución debe incorporar el Estado laico como principio fundamental que garantice todos los derechos humanos de hombres/mujeres, con libertad religiosa y educación laica.

1. Un Estado independiente de toda influencia religiosa, especialmente en los poderes constitucionales y constituidos, quienes son representantes de la soberanía que reside en el pueblo, y a quien se deben.

1. Un Estado laico que no represente, no avale, ni legitime a ninguna iglesia, que garantice la libertad de conciencia y religión, de expresión de las diversas creencias, cultos, filosofías de vida y cosmovisiones desde el respeto y la convivencia intercultural. Por tanto el marco legal nacional e internacional de Derechos Humanos será el rector de las decisiones estatales.

Desde el sector juvenil:

1. Un Estado donde se reconozca y respeta la libertad de conciencia expresada en forma individual o colectiva, en público o privado, así como el derecho a la objeción de conciencia de toda persona o colectivo que se niega a participar del servicio militar obligatorio, prácticas militares u otro tipo de imposición que vaya en contra de sus convicciones éticas, morales, humanitarias, filosóficas, o políticas, sin causar daño a otros/as personas ni al medio ambiente

1. Un Estado donde se reconozca la libertad de religión. Las personas practicarán libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley prescriba para proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los derechos de los demás.

Propuesta de articulado:

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

1.- Los derechos Humanos están en constante proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción, en ellos se concentran numerosas aspiraciones que de manera progresiva se han venido convirtiendo en herramientas destinadas a frenar o limitar las arbitrariedades y la injusticia, pero también a proveer condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos.

En ese sentido este proceso Constitucional, deberá garantizarlos y velará por su protección, es decir en ningún caso deberá obstaculizar su avance y facilitará todo lo necesario para el goce y disfrute de ellos. Se basará en principios de no discriminación, igualdad, progresividad. Reconocerá los instrumentos internacionales ratificados, y asume la responsabilidad de promoverlos, promocionarlos, y garantizarlos de manera integral.

Propuesta de articulado

2.- Marco jurídico internacional – nacional de protección de derechos de las y los jóvenes:

El Estado Ecuatoriano, al suscribir y ratificar los tratados y acuerdos internacionales se compromete a velar por su aplicación, debe promoverlos y garantizarlos en todos los aspectos, así mismo se compromete a generar reformas legales para avanzar en el cumplimiento de sus compromisos en el ámbito nacional.

• En relación a la población joven y los derechos humanos podemos citar un amplio marco jurídico internacional vinculante que parte de la Declaración de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). A nivel del sistema americano se tiene la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (1969) y el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (1988).

Respecto a los y las jóvenes y en relación a los temas que se abordan en esta mesa, es necesario considerar los siguientes documentos e instrumentos internacionales. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de Naciones Unidas, CEDAW, de 1979; la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto, en 1994; la Declaración de Beijing, nacida en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en 1995; el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y subsiguientes aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Declaración de Lisboa aprobada por la I Conferencia Mundial de Ministros responsables de la Juventud en 1998; el Plan de Acción de Braga sobre la Juventud de 1998 aprobado por el Tercer Foro Mundial de la Juventud del sistema de la Naciones Unidas; la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes aprobada en Badajoz, España, en 2005.

Recientemente en el 2006, el estado Ecuatoriano, suscribe la Convención Iberoamericana de la Juventud, lo que significa que ha asumido compromisos importantes con esta población.

A nivel nacional en el 2001 se promulga el marco jurídico de juventud “Ley de la Juventud” y a partir de estos compromisos planteamos y demandamos elevar el tema de juventud al ámbito constitucional puesto que esto nos permitirá consolidar a futuro una reforma oportuna y acorde a los requerimientos de esta población y la formulación de políticas públicas.

Este importante acumulado garantiza entre otros los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sociales y políticos así como los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los jóvenes.

Derecho a la educación:

Propuestas desde el sector juvenil:

1. Un Estado que cumpla con la universalidad y gratuidad de la educación hasta la secundaria, que garantice el acceso, la infraestructura, la calidad del personal docente tanto a nivel académico como laboral, que sea una educación para la vida, desde un enfoque de derechos, humanista, intercultural, participativo y no sexista.

1. Un Estado que invierta en el desarrollo e investigación científica y tecnológica en el sector educativo, que fomente programas de becas y crédito educativo para estudios secundarios y superiores.

1. Un Estado que promueva programas educativos en las zonas rurales y populares con metodologías acordes a las diferentes realidades.

1. Un Estado en el que no predomine la educación privada, monopolizada por partidos políticos o creencias religiosas. Los recursos destinados a la educación deben ser priorizados para la educación pública y laica de forma descentralizada.

1. Un Estado que contemple el control social como elemento constitutivo, garantizando la asignación necesaria, efectiva y oportuna del presupuesto para el sector educativo.

1. Un Estado que incluya en las instituciones educativas la enseñanza de la filosofía, cultura y las distintas lenguas de la diversidad étnica del país, lo cual responde de forma coherente a la identidad de un país pluricultural y multiétnico.

1. Un Estado que garantice la prevención, eliminación y sanción del acoso, del abuso sexual y de todas las formas de violencia que se cometan contra las/ los estudiantes y jóvenes.

1. Un Estado que reconozca y garantice la libertad de expresión y libertad de conciencia de las/los estudiantes, precautelando y sancionando toda forma de utilización, condicionamiento y manipulación con fines de proselitismo político y religioso.

1. Un Estado que garantice las expresiones artísticas como un elemento constitutivo del desarrollo cultural e intercultural en los centros educativos públicos y privados.

1. Un Estado que garantice una educación por competencias basada en la demanda socio-laboral del país.

1. Un Estado que invierta en las unidades productivas en el sector educativo secundario y superior.

1. Un Estado que garantice sistemas de rendición de cuentas en las instituciones educativas.

1. Un Estado que implemente procesos de renovación docente y profesional a través de la actualización de licencias técnicas. Un Estado que garantice recursos para generar espacios de participación dentro de las instituciones educativas

Propuesta de Articulado:

Derecho a la salud:

1. Propuestas desde el sector Juvenil

1. Un Estado que cumpla con la universalidad, gratuidad y especificidad de los servicios, el acceso a atención y prevención de la salud pública (entendida como salud integral), reconociendo la medicina ancestral y sin discriminación.

1. Un Estado donde el presupuesto para la salud sea suficiente y garantice la inversión en infraestructura, equipamiento médico, personal, insumos, medicinas y programas de atención especializada.

1. Un Estado que garantice un sistema de salud pública integral para los y las jóvenes donde la salud sexual y reproductiva sea asumida como un derecho básico con suficiente asignación presupuestaria y calidad del personal que trabaje en estas áreas.

1. Un Estado que reconozca y garantice el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción poniendo énfasis en la información científica sobre salud integral y preventiva, medicamentos genéricos de calidad, anticonceptivos y Píldora Anticonceptiva de Emergencia, retrovirales para las personas que viven con VIH – SIDA y que las entregue de forma gratuita a las/los jóvenes y a la población en general.

1. Un Estado que garantice que los casos de negligencia médica, tratos deshumanizantes, discriminación en el acceso y atención por situación económica, étnica, de género, orientación sexual y generacional sean denunciados y sancionados.

1. Un Estado que fomente el desarrollo de formas alternativas de medicina tradicional y que garantice espacios adecuados para la práctica de las mismas.

1. Un Estado que garantice la atención permanente en las comunidades rurales.

Propuesta de articulado:

Derechos sexuales y derechos reproductivos:

Propuestas desde los y las jóvenes:

1. El Estado garantizará el derecho a la vida (eliminar el término desde la concepción en la Constitución).

1. Un Estado que permita a las y los jóvenes la capacidad de decidir sobre todos los aspectos relacionados con su vida sexual y reproductiva, de manera libre, autónoma, placentera, reconociendo afectos y formas de interrelación de manera soberana y respetuosa de la integridad y dignidad humana.

1. Un Estado que reconozca y garantice el principio de igualdad, y libertad de expresión a todo nivel, que promueva una sociedad incluyente, no discriminatoria de las diversas expresiones, orientaciones e identidades sexuales. La discriminación y la violencia que se cometa por diferencias de sexo, orientación sexual, género, edad, o cualquier otra condición que se enmarque en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, será sancionada.

1. Un Estado que garantice a sus habitantes una vida libre de violencia y delitos sexuales. Buscamos que el Estado esté obligado a prevenir, sancionar, erradicar y eliminar la violencia y sus diversas expresiones.

1. Un Estado que garantice la educación en sexualidad que sea científica, oportuna, acorde a la realidad, libre de prejuicios, mitos y estigmatizaciones, basada en los principios de laicidad y de derechos. Una educación en sexualidad que prepare a hombres y mujeres para la convivencia respetuosa a los derechos humanos que incluya educación para la no violencia. La educación debe ser vista como único medio para construir personas más críticas y con capacidad de tomar decisiones que no atenten contra su vida ni sus cuerpos

1. . Un Estado que garantice la calidad de vida y la dignidad humana, que promueva campañas de prevención de VIH – SIDA y que bajo los principios de gratuidad fomente la dotación de medicamentos retrovirales y genéricos de calidad para las personas que viven con VIH – SIDA, con mayor énfasis en la población joven.

1. . Un Estado que sancione la discriminación que se comete en los establecimientos educativos y en los sectores laborales para quienes viven con VIH – SIDA.

1. . Un Estado que al tratar la salud sexual y reproductiva garantice el acceso a todas las personas a recibir servicios de atención especializados y diferenciados, con calidad y calidez, el acceso a métodos de anticoncepción de calidad y a anticonceptivos de emergencia para la prevención de embarazos no deseados, a precios accesibles. El dinero no deberá ser un condicionante para contar con medicamentos, métodos y alternativas basadas en adelantos científicos.

1. Un Estado que promueva la más amplia gama de medios de comunicación independientes de afiliaciones políticas, religiosas o económicas que contribuyan a las reflexiones sobre la sexualidad.

1. Un Estado que garantice políticas y programas de salud sexual y reproductiva integrales que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, que promuevan el derecho a una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y libre de prejuicios.

Propuesta de articulado:

Cultura de Paz frente a la configuración de escenarios de violencia:

Propuestas desde las y los jóvenes:

1. Un Estado que promueva la no violencia por medio de programas y planes de difusión y concienciación, donde toda forma de violencia sea sancionada y erradicada.

1. Violencia estructural sistémica: Un Estado que promueva una cultura de paz, basada en principios de solidaridad, fraternidad, equidad, igualdad, respeto y justicia social en todas las esferas, tanto públicas como privadas. Erradicando los nudos de tención de: Genero, Generacional, Ambiental, Social y Étnico.

1. Un Estado que garantice la erradicación y sanción de la explotación sexual.

1. Violencia sexual: Un Estado que garantice la integridad física, psicológica, sexual y las restituciones justas y efectivas de sus derechos vulnerados para los/las jóvenes que han sido víctimas de violencia sexual, violencia de género en el ámbito familiar, acoso sexual, abuso sexual incestuoso, explotación sexual, tráfico y trata de personas.

1. Violencia en los medios: Un Estado que rechace, sancione y erradique toda forma de publicidad sexista, racista, violenta, xenofóbica, homo y lesbofóbica que se presenta en los medios de comunicación.

1. Violencia intrafamiliar: Un Estado que garantice, en el marco de las diversas composiciones de familia, la seguridad e integridad física, psicológica y sexual de las/ los jóvenes.

1. Violencia y represión: Un Estado que sancione, elimine y rechace toda forma de violencia generada desde las instituciones de fuerza pública contra los y las jóvenes. Deberá reconocer las diversas expresiones e identidades juveniles, culturas urbanas, desde el enfoque de los derechos humanos y en todo ámbito. La represión, la tortura, y los tratos deshumanizantes serán vistos y sancionados como delitos de lesa humanidad.

1. Violencia laboral y educativa: Un Estado que sancione la discriminación, explotación y violencia que se cometan en el ámbito laboral y las prácticas autoritarias y violentas que se dan en el ámbito educativo contra las y los jóvenes.

1. Violencia por xenofobia y racismo: Un Estado que no permita y sancione las expresiones xenofóbicas y racistas.

Propuesta de articulado:

Medios de Comunicación:

Propuesta desde las y los jóvenes:

1. La comunicación es un derecho humano que promueve la transformación de relaciones sociales, es así que proponemos:

1. Un Estado donde los medios de comunicación masiva incorporen con equidad territorial a todas las regiones del país y no sólo las incluyan cuando hay desastres naturales, o muertes trágicas.

1. Un Estado que promueva espacios comunicacionales democráticos, no discriminadores ni sexistas.

1. Un Estado en el que se democraticen los medios de comunicación.

1. Un Estado donde los y las jóvenes dejemos de ser estigmatizados en los medios de comunicación.

1. Un Estado que fomente políticas para la educación en los medios.

1. Un Estado que garantice que ningún medio de comunicación esté manipulado por partidos políticos.

1. Un Estado que financie un canal estatal pero no lo maneje. Que el canal estatal sea un espacio para la participación ciudadana.

1. Un Estado que apoye a los y las jóvenes para desarrollar iniciativas de comunicación alternativa que sean espacios dirigidos por jóvenes y para jóvenes, que traten temas políticos, sociales, culturales, etc.

Propuesta de articulado:

Migración:

ESTRUCTURA E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Es necesario darle especificidad a la Juventud dentro de la Constitución ecuatoriana, desarrollando en el capítulo sobre Derechos Colectivos una sección cuyo contenido sea dedicado al grupo y la institucionalidad de la que debe estar investido. La política pública de juventud depende en gran parte de la consolidación de una institucionalidad pública que contribuya a otorgarle continuidad y sustentabilidad.

Las y los jóvenes planteamos que en esta sección que se elabore y resalte la vigencia de los derechos humanos respecto al grupo específico. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes obliga a los Estados parte al reconocimiento de las y los jóvenes del derecho a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y su compromiso a respetar y garantizar a las y los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Es necesario ampliar el espacio de discusión de los y las jóvenes a nivel local y nacional; generar procesos locales con amplia participación de colectivos y organizaciones juveniles; y, articular los procesos juveniles con otros actores y sectores tanto sociales como políticos del país.

2.- Marco jurídico internacional – nacional de protección:

Al respecto, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes indica que se debe crear un organismo gubernamental permanente, encargado de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas de juventud, comprometiendo al Estado a promover todas las medidas legales y de cualquier otra índole destinadas a fomentar la organización y consolidación de estructuras de participación juvenil en los ámbitos locales, regionales y nacionales, como instrumentos que promuevan el asociacionismo, el intercambio, la cooperación y la interlocución con las autoridades públicas.

La Ley de la Juventud desarrolla importantes principios sobre la institucionalidad, así, el establecimiento de:

1. Sistema Nacional encargado de promover los derechos de la juventud y el cumplimiento de sus deberes.- Sistema Nacional de Promoción de la Juventud.
2. Consejo Nacional de Políticas de Juventud.
3. Instituto Nacional de la Juventud.
4. Consejos Locales de Juventud.
5. Organizaciones Juveniles.
6. Instituciones que trabajan con la juventud y en relación a los y las jóvenes.

Y respecto a los planes:

1. Plan Nacional de la Juventud.
2. Plan Cantonal de la Juventud.
3. Políticas públicas.- Políticas, programas y proyectos.
4. Políticas de fomento de los derechos de los y las jóvenes (educación, empleo juvenil, salud, participación juvenil, equidad, recreación y tiempo libre).
5. Procesos de desarrollo social y económico del país.
6. Procesos públicos de gestión de las políticas de juventud.

PROBLEMÁTICA:

1. El enfrentamiento entre los poderes del Estado, la inestabilidad política, el juego de intereses a favor de sectores hegemónicos y la corrupción, van legitimándose tanto en los espacios públicos como privados y desde los organismos de control no se sanciona a las/los responsables.

4.- Propuestas:

1. Un Estado que promueva y fortalezca la institucionalidad y el marco legal de las juventudes, implementando políticas públicas en beneficio de los/las jóvenes, con la participación directa de los/as mismos/as.

1. Un Ecuador donde los gobiernos locales creen consejos consultivos de juventudes con poder de decisión, para incidir en la creación y modificación de leyes que involucren a los/las jóvenes.

1. Un Estado que reconozca la participación de los diferentes sectores de la sociedad, donde la asignación de recursos, la elaboración de planes de desarrollo, de políticas públicas pasen por la participación activa de toda la población.

1. Un Ecuador donde las instituciones del Estado no sean secuestradas por los partidos políticos y al contrario que respondan a los intereses nacionales, para garantizar un país sin corrupción, transparente, donde la rendición de cuentas sea un principio de la administración pública y privada.

1. Propuestas desde los y las jóvenes:

1. Un Estado que garantice la institucionalidad pública de lo juvenil de manera participativa con enfoque de género, diversidad, pluriculturalidad e inclusión.

1. Un Estado que garantice la participación y actoría juvenil mediante un Plan de Desarrollo Juvenil que reconozca los Derechos Humanos.

1. Que la entidad rectora de los temas de juventud promueva, desarrolle y ejecute, políticas públicas de manera participativa a nivel local y nacional, descentralizada y con asignación presupuestaria acorde al Plan Nacional de Desarrollo Juvenil.

1. Un Estado donde esté garantizada la equidad de género, la diversidad sexual, la participación juvenil tanto urbana como rural en las instancias de toma de decisiones.

5.- propuesta de articulado:

ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA

1.- El documento “Haciendo realidad los compromisos: Aportación de los jóvenes al examen decenal del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes”, plasmado en el Informe A/60/156 del Secretario General de las Naciones Unidas, en relación a la participación de la juventud indica que con demasiada frecuencia la participación de los jóvenes se considera únicamente interesada, sin tomar en cuenta que también tiene una función social más amplia y conduce a políticas públicas más sólidas y a una mejor gobernanza a todos los niveles.

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes contiene, entre otras, las siguientes propuestas de acción: promover la participación de las y los jóvenes en la sociedad, la política, el desarrollo y el medio ambiente; tener en cuenta la contribución de los jóvenes al diseño, aplicación y evaluación de las políticas y planes nacionales que afectan a las cuestiones que les interesan.

2.- Marco jurídico internacional – nacional de protección:

La Declaración de Lisboa establece algunas líneas respecto a la necesidad de la participación de la juventud, así: Permitir y alentar la participación activa de los jóvenes en todas las esferas de la sociedad y en los procesos de toma de decisiones, en los planes nacional, regional e internacional; facilitar a los jóvenes el acceso a los órganos legislativos y normativos por conducto de sus representantes, a fin de hacerles participar estrechamente en la formulación, ejecución, seguimiento, vigilancia y evaluación de las actividades y programas relativos a la juventud y asegurar su participación en el proceso de desarrollo.

Por su parte, el Plan de Acción de Braga sobre la Juventud, en el acápite denominado Participación Juvenil, realizó dos importantes sugerencias, la una sobre jóvenes discapacitados, y la otra sobre jóvenes en extrema pobreza.

Respecto a la primera llama la atención sobre la falta de igualdad de oportunidades a los jóvenes con discapacidad para participar en la sociedad, por lo que sugiere que se garantice la información, asistencia, equipo, campañas de información y recaudación de fondos para mejorar el acceso independiente de esos jóvenes al entorno físico.

La segunda indica que debe darse prioridad a la necesidad de alcanzar a los jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza y de colaborar con ellos en el diseño y ejecución de políticas relativas a la juventud y proyectos concretos en las esferas de la salud pública, la educación, la formación y el empleo.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes se refiere a la participación política como un derecho de la juventud, por lo que los Estados están obligados a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión, y a promover medidas que incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.

3.- ESTADISTICA – PROBLEMÁTICA

PROBLEMÁTICA:

1. La existencia de partidos políticos tradicionales, oligárquicos, caudillistas, clientelares, populistas se han impuesto sobre los intereses nacionales.

4.- Propuestas desde las y los jóvenes

1. Un Estado con democracia participativa y directa, que posibilite la equidad y la inclusión de género y generacional y étnica con poder de decisión, discusión y compromiso.

1. Un Estado en donde las personas que ocupen cargos de elección popular respondan a sus ofertas de campaña, de no hacerlo tengan que ser revocados y sancionados obligatoriamente.

1. Un Estado que reconozca la participación de los diferentes sectores de la sociedad, donde la asignación de recursos, la elaboración de planes de desarrollo, de políticas públicas pasen por la participación activa de toda la población.

1. Un Estado Soberano donde el pueblo y su voluntad sea la base de la autoridad, ejercida a través del poder público y de todas las formas de organización social y de participación.

5.- Propuesta de articulado:

DESARROLLO Y SISTEMA ECONÓMICO

1.- El sistema económico neoliberal lleva a la deshumanización, el utilitarismo e individualismo del ser humano a través del consumismo, la explotación laboral y ambiental.

• Se agudizó la concentración en pocas manos tanto del poder como de la riqueza; siendo el sector bancario uno de los mayores beneficiarios en detrimento de la economía nacional.
• Una de las formas de legitimar y difundir su “progreso” es a través de los medios de comunicación que en la mayoría de los casos responden a sus intereses particulares y corporativos.
• La desatención estatal al agro, la explotación y especulación de los intermediarios hacia los pequeños productores del sector indígena y campesino empobrece e incrementa la inequidad social, lo que provoca el abandono del campo; esta población migrante es excluída del “progreso urbano” y se expone a condiciones de vida no dignas.
• La falta de políticas públicas para fomentar la producción nacional y el desarrollo microempresarial provocan: la explotación y flexibilización laboral (tercerización, contratos por hora, sin seguridad social).

2.- Marco jurídico internacional – nacional de protección:

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo indica que los esfuerzos por disminuir el crecimiento de la población, reducir la pobreza, conseguir progresos económicos, mejorar la protección ambiental y transformar las modalidades no sostenibles de producción y consumo se complementan mutuamente. El crecimiento económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible es fundamental para erradicar la pobreza. La erradicación de la pobreza contribuirá a reducir el crecimiento de la población y a conseguir su pronta estabilización.

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes indica que la pobreza se manifiesta de diversos modos: falta de ingresos y recursos productivos suficientes para asegurar formas de subsistencia sostenibles; hambre y malnutrición; mala salud; acceso limitado o falta de acceso a la educación y otros servicios básicos; aumento de la morbilidad y de la mortalidad debida a enfermedades; falta de vivienda o vivienda inadecuada; inseguridad del entorno y discriminación y marginalización social; asi mismo se caracteriza por la falta de participación en la adopción de decisiones y en la vida civil y sociocultural. La pobreza está vinculada de manera inseparable a la falta de acceso o de control de los recursos; entre esos recursos figuran la tierra, los conocimientos, el capital y las relaciones sociales. Sin esos recursos, las personas tienen un acceso limitado a las instituciones, los mercados, el empleo y los servicios públicos.

El Plan de Braga destaca el hecho de que incumbe a los gobiernos y a la comunidad internacional la responsabilidad primordial de erradicar la pobreza y lograr el desarrollo, y afirma además que para ello es indispensable la contribución de las y los jóvenes.

3.- NUESTRA REALIDAD

1. El sistema económico neoliberal lleva a la deshumanización, el utilitarismo e individualismo del ser humano a través del consumismo, la explotación laboral y ambiental.

1. Se agudizó la concentración en pocas manos tanto del poder como de la riqueza; siendo el sector bancario uno de los mayores beneficiarios de la economía nacional.

1. Una de las formas de legitimar y difundir su “progreso” es a través de los medios de comunicación que en la mayoría de los casos responden a sus intereses particulares y corporativos.

1. La falta de atención estatal al agro, la explotación y especulación de los intermediarios hacia los pequeños productores del sector indígena y campesino empobrece a este sector empujándolos a emigrar a las ciudades dejando el campo y engordando los cordones de miseria; los cuales son excluidos del soñado “progreso urbano” exponiéndose a condiciones de vida indignas.

1. La falta de políticas públicas para fomentar la producción nacional y el desarrollo microempresarial provocan la explotación y flexibilización laboral (tercerización, contratos por hora sin seguridad social).

1. Las políticas de ajuste neoliberal aplicadas en los veinte y ocho años de retorno a la democracia en el país han profundizado la brecha entre ricos y pobres, acentuado las profundas inequidades sociales, políticas y económicas, es así que el desempleo y subempleo se convierten en indicadores alarmantes que desencadenan y fomentan la configuración de escenarios de todo tipo de violencia (intrafamiliar, doméstica, sexual, sicariato, trata de personas, entre otras).

1. Los tratados de libre comercio amenazan la biodiversidad ecuatoriana, que a través del uso de patentes y de propiedad intelectual se pretende expropiar y usufructuar nuestros recursos, conocimientos y medicinas ancestrales.

1. La privatización de los recursos naturales y empresas estatales, han deteriorado la economía nacional arrebatando la soberanía sobre nuestros recursos, privilegiando el interés privado de las empresas transnacionales sobre el interés colectivo del Estado.

4.- Propuestas desde las y los jóvenes

1. Es necesaria una reforma estructural del Estado, empezando por la transformación del modelo económico, como la única vía para que los derechos fundamentales sean reconocidos, ratificados y realmente garantizados.

1. Un Estado con un modelo económico-social solidario, incluyente, donde las riquezas sean distribuidas equitativa e igualitariamente, donde se garantice la calidad de vida digna a todas las personas.

1. Un Estado con un sistema económico enfocado en el bienestar y en la calidad de vida de las personas, antes que en la generación de ganancias privadas, para la acumulación.

1. Un Estado donde la propiedad de los medios de producción sea social y asociativa.

1. Un Estado que impulse un modelo de desarrollo que valore y respete la identidad cultural y el saber de todos los pueblos y que se enfoque en la garantía de una vida digna para todas las personas.

1. Un país sustentable, donde pasemos de un modelo economicista meramente extractivo a un modelo de economía solidaria, con equilibrio ambiental, respetando la autodeterminación y los derechos colectivos de los pueblos.

1. Un Estado que reestructure el pago de la deuda externa, las deudas ilegítimas no se paguen, que Sur América enfrente este problema como región, teniendo como plataforma la deuda ecológica, que el Estado ecuatoriano no se endeude más y que se realice una rendición de cuentas respecto al monto actual de la deuda. Que el endeudamiento externo sólo se realice posterior a una consulta al pueblo.

1. Un Estado que reorganice las asignaciones del presupuesto general, priorizando el área social con énfasis en educación, la salud y el área productiva del país.

1. Un Estado que mejore la pequeña y mediana industria nacional dotándola de inversión tecnológica y capacitación a fin de que se priorice la producción para la satisfacción de las necesidades internas, bajando la importación y con una visión de expansión de integración comercial internacional, priorizando la región latinoamericana y caribeña, basada en principios de solidaridad y complementariedad productiva.

1. Un Estado que garantice el control real en la recaudación de impuestos, especialmente en el Impuesto a la Renta, fundamentándose en el principio de equidad y redistribución de la riqueza (que paguen más quienes más renta reciben)

1. Un Estado que promueva las cadenas productivas asociativas y comunitarias, dando apoyo a pequeños artesanos/as, campesinos/as, pescadores/as artesanales y trabajadores/as.

1. Un Estado que garantice la repartición equitativa de la tierra, a través de una verdadera reforma agraria justa y equitativa, que reconozca la propiedad para quien la trabaja individualmente y de forma colectiva

1. Un Estado que apoye y promueva el potencial turístico y artesanal del país.

1. Un Estado que regule los precios de los productos (Control de precios e intermediarios)

1. Un Estado que garantice la nacionalización de los recursos naturales renovables y no renovables, entre ellos el petróleo, el agua y recursos mineros sin permitir concesión ni privatización.

1. Un Estado que exija a todos los proyectos de desarrollo que se realicen en el país, los respectivos estudios de impacto ambiental y sociocultural.

1. Un Estado que controle las fronteras y vías de acceso para que no exista contrabando de combustibles, de madera y demás recursos nacionales comercializados ilegalmente.

1. Un Estado que diversifique la producción con énfasis en la agroecología y agricultura sustentable.

1. Un Estado que invierta en el desarrollo e investigación científica y tecnológica en el sector educativo, que fomente programas de becas y crédito educativo para estudios secundarios y superiores.

1. Un Estado donde el presupuesto para la salud sea suficiente y garantice la inversión en infraestructura, equipamiento médico, personal, insumos, medicinas y programas de atención especializada.

5.- propuesta de articulado:

SOBERANÍA

La soberanía del país se encuentra amenazada, por la presencia militar extranjera en la Base de Manta, este hecho se encuentra estrechamente relacionado con el Plan Colombia.

El Plan Colombia ha sido el medio por el cual se nos ha involucrado en un conflicto que ha generado el aumento de violencia, la xenofobia el incremento del tráfico de armas, el desplazamiento y refugio de población colombiana a nuestro país,

2.- Marco jurídico internacional – nacional de protección:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, reconoce: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión”. Este derecho se reafirma tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dentro del contexto mundial es importante analizar los avances del derecho moderno al incluir en los tratados internacionales y constituciones nacionales el derecho a la objeción de conciencia, como un principio dignificante del ser humano.

En 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 33/165, reconoció el derecho de todas las personas a negarse a prestar servicios en fuerzas militares o policiales.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes reconoce el derecho de los jóvenes a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, y por su parte los Estados se comprometen a promover las medidas legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este derecho.

El Ecuador es parte de organismos internacionales como la ONU, OEA, ha firmado varios acuerdos y tratados internacionales, comprometiéndose a integrarlos en su legislación y crear mecanismos para su aplicación. Mencionamos algunos de los tratados que reconocen la Objeción de Conciencia como un derecho fundamental:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- Art. 18 “Toda persona tiene derecho

• a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión”.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica

• Art.12 “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión”.

• En 1978 la Asamblea General de La ONU resolución 33/165 “Reconoce el derecho de todas las personas a negarse a prestar servicios en fuerzas militares o policiales”.

• El 10 de Febrero 1.987 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1897/46, que define a la objeción de conciencia como “Derecho legitimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, posteriores resoluciones de 1989, 1993 y 1995 han reafirmado esta posición, además de recomendar a los Estados regulen este derecho con las debidas garantías.

Declaración de 10 de Marzo de 1993 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, “por la que los Estados miembros se comprometen a garantizar la objeción de conciencia como un derecho humano y a desarrollar legislaciones que permitan la objeción de quienes ya se hayan cumpliendo el Servicio Militar”.

Mediante resolución No 1993/84 de la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hace un llamamiento a los Estados para que, si todavía no lo han hecho, promulguen leyes y adopten medidas destinadas a eximir el servicio militar obligatorio cuando exista objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

La resolución 1995/93, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace un llamamiento a todos los Estados miembros de la ONU para que “ … si todavía no lo han hecho, promulgen leyes y adopten medidas destinadas a eximir del servicio militar cuando exista una auténtica objeción de conciencia al servicio armado”.

3.- ESTADISTICA

Nuestra realidad:

1. La soberanía nacional se encuentra amenazada, por la intromisión política de organismos internacionales y ahora por la presencia militar extranjera en la Base de Manta, hecho que va de la mano con la implementación del Plan Colombia.
2. El Plan Colombia ha sido el medio por el cual se nos ha involucrado en un conflicto que ha generado el aumento de violencia, la xenofobia, el incremento del tráfico de armas, el desplazamiento y refugio de población colombiana a nuestro país.

4.- Propuesta desde las y los jóvenes:

1. Un Estado donde la objeción de conciencia sea un derecho fundamental de las personas y su ejercicio sea efectivo, siendo indispensable la eliminación de la obligatoriedad al servicio militar

1. Un Estado Soberano donde el pueblo y su voluntad sea la base de la autoridad, ejercida a través del poder público y de todas las formas de organización social y de participación.

1. Un Estado donde la autodeterminación fundamente el manejo del territorio, la biodiversidad, la defensa, la economía interna y externa, siendo el interés y voluntad del pueblo quien la guíe en la toma de decisiones.

1. El Ecuador es territorio neutral, de paz, y en ejercicio de su soberanía no albergará bases militares, ni paramilitares, ni tropas extranjeras, se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio, que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos internacionales, de forma unilateral o en coordinación con otros estados.

1. No realizará prácticas ni ejercicios militares con otros estados.

1. Un Estado que no destine grandes porcentajes del presupuesto general a la compra de armamento ni material bélico y que estos recursos sean invertidos en el área social y productiva.

1. Un Estado que garantice la Soberanía Alimentaria, desde la producción agroecológica, estableciendo una Reforma Agraria justa y equitativa.

5.- Propuesta de articulado:

Propuestas de articulado para la Objeción de Conciencia al Servicio Militar no obligatorio:

RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

1.- El proceso de destrucción de nuestros recursos naturales debe contenerse. Nuestros recursos mineros, el agua, los manglares, la selva deben ser nuestro potencial recurso de desarrollo, por tanto deben ser protegidos. No permitirá el Estado concesionar, privatizar, ni patentarlos. Periódicamente se realizarán estudios de pacto ambiental y restituciones al Estado por daños provocados a estos recursos.

2.- Marco jurídico internacional – nacional de protección:

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre para la Tierra de de 1992 señala que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, y que a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.

El Programa 21, documento aprobado en la Cumbre para la Tierra, en relación a la integración del medio ambiente y el desarrollo, establece como programas el establecimiento de un marco jurídico y reglamentario eficaz que integre el medio ambiente y el desarrollo a nivel de políticas, planificación y gestión.

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo indica que la satisfacción de las necesidades básicas de una población en aumento depende de un medio ambiente saludable. Esas necesidades deben tenerse en cuenta cuando se elaboran las políticas generales de desarrollo sostenible, que deben tener por objetivo conseguir que los factores demográficos, ambientales y de erradicación de la pobreza se integren en las políticas, los planes y programas de desarrollo sostenible, y reducir las modalidades no sostenibles de producción y consumo y los efectos negativos de los factores demográficos.

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes indica que es necesario mantener y preservar el medio ambiente natural en beneficio de las generaciones actuales y venideras. La calidad de la vida mejorará mediante la utilización de los recursos naturales de manera que no se dañe el medio ambiente y mediante el crecimiento económico ecológicamente sostenible.

3.- ESTADISTICA – PROBLEMÁTICA

Nuestra realidad:

1. La privatización de los recursos naturales y empresas estatales, han deteriorado la economía nacional arrebatando la soberanía sobre nuestros recursos, privilegiando el interés privado de las empresas transnacionales sobre el interés colectivo del Estado.

1. La contaminación de ríos, mantos acuíferos y en general del ambiente es provocada por la explotación irracional de los recursos naturales (el petróleo, la minería y la tala indiscriminada de los bosques). Este proceso tiene repercusión en la calidad de vida de las poblaciones aledañas a estas actividades, pues los beneficios económicos de esta extracción no se quedan en el país, el impacto ambiental es alarmante y no se exigen reparaciones del ningún tipo.

1. Los tratados de libre comercio amenazan la biodiversidad ecuatoriana, que a través del uso de patentes y de propiedad intelectual se pretende expropiar y usufructuar nuestros recursos, conocimientos y medicinas ancestrales.

4.- Propuesta desde las y los jóvenes:

1. Un Estado que garantice la Soberanía Alimentaria, desde la producción agroecológica, estableciendo una Reforma Agraria justa y equitativa.

1. Un Estado que asuma irrenunciablemente la defensa del ambiente sano y ecológicamente equilibrado y sancione a quien atente contra este derecho.

1. Un Estado que garantice poder de defensa y decisión a las comunidades que sean afectadas por la acción pública o privada.

1. Un Estado que garantice y defienda la propiedad y soberanía de los recursos naturales de todos/as los/las ecuatorianos/as.

1. Un Estado que fomente la participación de la comunidad con énfasis en la juventud, para educarse, reproducir y practicar el conocimiento ambiental.

1. Un Estado que genere políticas ambientales, que promueva la investigación técnica-científica para prevenir, remediar los daños ambientales permanentemente.

1. Un Estado que promueva y ejecute planes ante desastres ecológicos y sancione a los responsables.

5.- Propuesta de articulado:

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS

1.- Marco jurídico internacional – nacional de protección:

El Programa 21 de la Cumbre de la Tierra relaciona la dinámica demográfica con la sostenibilidad, indicando la necesidad de la formulación de políticas nacionales integradas de medio ambiente y desarrollo teniendo en cuenta las tendencias y los factores demográficos, así como la ejecución de programas integrados de medio ambiente y desarrollo a nivel local, teniendo en cuenta las tendencias y los factores demográficos.

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, por su parte, trata sobre la necesidad de integración de las políticas demográficas y de desarrollo. Sostiene que la pobreza persistente y generalizada y las graves desigualdades sociales entre hombres y mujeres tienen una influencia considerable en los factores demográficos, tales como el crecimiento, la estructura y la distribución de la población, y que, a su vez, se ven influidas por éstos. También señala que las modalidades no sostenibles de producción y consumo contribuyen a la utilización no sostenible de los recursos naturales y a la degradación del medio ambiente. Se debe por tanto integrar plenamente los factores demográficos en las estrategias de desarrollo y en todos los aspectos de la planificación del desarrollo a todos los niveles.

Nuestra realidad:

• Las visiones fragmentadas entre los sectores rurales y urbanos no posibilitan equidad territorial, económica y política-administrativa.

• El modelo de Estado centralista no apoya al desarrollo equitativo de sus regiones, las autonomías liberales van ganando paso ante la propuesta de unidad territorial.

4.- Propuestas desde las y los jóvenes:

1. Un Ecuador donde los gobiernos locales tengan la obliigatoriedad de crear asambleas de juventudes con poder de decisión, para incidir en la creación y modificación de leyes que involucren a los/las jóvenes.

1. Un Estado que reconozca la participación de los diferentes sectores de la sociedad, donde la asignación de recursos, la elaboración de planes de desarrollo, de políticas públicas pasen por la participación activa de toda la población.

5.- Propuesta de articulado:

TRABAJO

1.- Las dificultades son cada vez mayores al momento de hablar de inserción de los jóvenes en el mercado laboral ecuatoriano. En general, los jóvenes están afectados doblemente en el mercado de trabajo: por un lado, constituyen el mayor porcentaje de los desempleados urbanos, por otro, si encuentran un trabajo, este se caracteriza por ser temporal y precario. Esta doble condición de exclusión social muestra una situación potencialmente explosiva en cualquier país, sea del capitalismo avanzado o del atrasado.

Las condiciones precarias de empleo afectan directamente a la población joven, son vistas como mano de obra barata, con bajos salarios, sin aseguramiento social, sin beneficios legales y en muchas ocasiones el empleo se convierten en escenarios de violencia de los derechos humanos más elementales. Para las mujeres jóvenes la situación de empleo está condicionada sobre todo por la maternidad.

2.- Marco jurídico internacional – nacional de protección:

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y subsiguientes, entre otras, estableció las siguientes propuestas de acción: Crear oportunidades de trabajo por cuenta propia; promover oportunidades de empleo para grupos específicos de la población juvenil tales como mujeres jóvenes, discapacitados, los jóvenes que regresan del servicio militar, migrantes, refugiados y desplazados, los niños de la calle y los jóvenes indígenas.

La Declaración de Lisboa, estableció algunos ejes de acción, tales como: Fortalecer las oportunidades de empleo en igualdad de condiciones para los jóvenes, sin discriminación alguna, incluso en el pago de sueldos; promover la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres jóvenes; invertir en la capacidad empresarial de las mujeres y hombres jóvenes y proporcionarles los conocimientos y recursos necesarios para establecer sus propias empresas y negocios, con especial atención en zonas rurales.

El Plan de Acción de Braga sobre la Juventud, reconoce que el problema del desempleo de los jóvenes es grave y complejo y exige que se fomente, mejore y amplíe el diseño y la ejecución de políticas y programas para promover el empleo entre los jóvenes;

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes desarrolla cuatro artículos que en su orden se refieren a:

1.- Derecho al trabajo;

2.- Derecho a las condiciones de trabajo;

3.- Derecho a la protección social; y,

4.- Derecho a la formación profesional.

En conjunto, ellos pretenden que los jóvenes tengan derecho al trabajo y a una especial protección del mismo, que se establezcan las políticas y legislación necesaria para el cumplimiento de estos derechos, que se desarrollen medidas adecuadas sobre capacitación profesional y técnica, que existan programas que promuevan el primer empleo, igualdad de oportunidades y trato, especial cuidado de la salud, supresión de la discriminación contra la mujer joven en el ámbito laboral, protección social integral, especial atención a jóvenes discapacitados, entre otros.

En el ámbito nacional, la Ley de la Juventud establece políticas de promoción del empleo juvenil tendentes a crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales; conceder créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos productivos individuales o colectivos; asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las jóvenes gestantes y a las madres lactantes; respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e industrial”.

Nuestra realidad:

• La falta de políticas públicas para fomentar la producción nacional y el desarrollo microempresarial provocan: la explotación y flexibilización laboral (tercerización, contratos por hora, sin seguridad social).

• Las políticas de ajuste neoliberal aplicadas en los veinte y ocho años de retorno a la democracia en el país han profundizado la brecha entre ricos y pobres, acentuado las profundas inequidades sociales, políticas y económicas, es así que el desempleo y subempleo se convierten en indicadores alarmantes que desencadenan y fomentan la configuración de escenarios de todo tipo de violencia (intrafamiliar, doméstica, sexual, sicariato, trata de personas, entre otras). En este escenario las/los jóvenes somos afectados directamente por situaciones de acoso sexual, violencia, discriminación, despido intempestivo y somos vistos como mano de obra barata que no tiene seguridad social y sus beneficios, profundizándose esta realidad en el área rural.

4.- propuestas desde las y los jóvenes

1. Un Estado que erradique la flexibilidad laboral (eliminación de tercerizadoras).

1. Un Estado que garantice la universalidad del seguro social como un derecho irrenunciable.

1. Un Estado con igualdad de oportunidades, que se traduzca en remuneraciones justas y equitativas para todos y todas.

1. Un Estado que cree y garantice del primer empleo juvenil como una política de responsabilidad social de las empresas públicas y privadas.

1. Un Estado donde se cumpla efectivamente con lo considerado en la Ley de la Juventud respecto al trabajo y que en él se incluyan políticas de apoyo a créditos juveniles (con un 2% menos a la tasa de interés fijada en el momento del préstamo).

1. Un Estado que considere la edad de los/las jóvenes para la exigencia de títulos académicos y experiencia.

1. Un Estado que establezca legislación y políticas públicas especiales respecto a los derechos laborales de los y las jóvenes del área rural

1. Un Estado que reconozca que la explotación sexual de los/las jóvenes es un delito y bajo ninguna circunstancia sea considerada como trabajo.

5.- Propuesta de articulado:

LEGISLACIÓN

Consideraciones políticas para reformar la ley de la juventud

Un proyecto o ley no es sólo fruto de la interpretación de su autor frente a un determinado vacío jurídico, sino, sobre todo, es el fruto del momento político, de la oportunidad histórica que se pueda estar viviendo.

En la actual Ley de la Juventud cabe recalcar:

1. La Ley establece un marco normativo de reconocimiento de derechos, con la correlativa adopción de compromisos que los hagan efectivos, que resulta complementario con los establecidos en los textos constitucionales de la Nación y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Ecuador. Esto se enmarca entonces, en el enfoque de derechos humanos que apunta a un reconocimiento de los y las jóvenes como sujetos titulares plenos y activos de esos derechos
2. Un acierto de esta ley es la delimitación concreta de los destinatarios de la misma, definiendo las edades en las que el Estado reconoce como Jóvenes a los Ciudadanos. Se define así al sujeto de las políticas públicas sin posibilidad de dobles interpretaciones.

Sin embargo actualmente esta Ley no guarda coherencia con la Declaración de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes el Código de la Adolescencia., y sobretodo con la Declaración Internacional de la Juventud que establece el rango de la juventud desde los 15 años hasta los 29 años de edad. Cabe señalar que Ecuador ratifico la declaración de la Juventud el año 2005 por lo que se entendería incorporada a la legislación nacional

1. El articulado del proyecto no es exhaustivo ni detallado. Señala y declara principios y valores fundamentales e importantes como los ideales de paz, la participación, entre otros. Sin embargo da herramientas muy generales para entrar y profundizar otros diversos temas igualmente importantes, como es la política de vivienda para el sector juvenil, o el “Cupo joven” ,

1. La Ley rechaza especialmente, toda forma de discriminación, a la vez que refuerza el compromiso de la sociedad por la paridad de oportunidades e igualdad de género.

1. Esta Ley de la Juventud se orienta, del mismo modo, a reunir en un único cuerpo normativo un conjunto de garantías, compromisos, medidas, proyectos y acciones orientadas a la promoción y fortalecimiento del desarrollo integral de los y las jóvenes.
2. Asegurar a los y las jóvenes su pleno reconocimiento como sujetos activos de derechos, su libertad e igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y de trato, el derecho a la justicia –con amplitud y plenitud de criterios, el derecho a su propia identidad, a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a manifestarse y ser oídos, el derecho al trabajo y el acceso a los sistemas de promoción y protección social, el derecho a la vivienda digna y de calidad, a créditos, a la educación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión, el derecho a la recreación y al tiempo libre, a la educación física y la práctica de los deportes, el derecho a una salud integral, a la educación sexual, a la libre elección de la pareja, a la vida en común y la protección del derecho a formar parte activa de una familia; entre otros.
3. El establecimiento de rangos o franjas etarias a fin de caracterizar a un determinado sector de la sociedad. Este punto es controvertido. Ello en tanto no responde a razones biológicas exactas (tal el caso de la niñez, la adolescencia, la juventud o la tercera edad), sino que resulta producto de una construcción histórica, social y cultural, de un proceso de socialización en un determinado grupo de individuos que varía con el tiempo y de una sociedad a otra, generando en los sujetos, un conjunto de percepciones y problemas parcialmente compartidos que, al mismo tiempo, contribuyen a la formación de una identidad común y moldea las funciones que desempeñarán en sus comunidades. Sin embargo, existe un criterio mayoritariamente aceptado por el cual se considera como inicio de la adolescencia y la juventud, los quince (15) años de edad, ( en Ecuador la Ley de la Juventud señala los 18 años como edad mínima, en incoherencia con la Declaración de la Juventud que señala los 15 años ) atendiendo a la posibilidad que brinda el ordenamiento jurídico de acceder al trabajo, así, si bien la legislación nacional permite el trabajo a partir de los 14 años de edad con autorización de los padres,

Resulta igualmente compleja de definir la conveniencia de establecer un límite o tope de edad en que se considera que concluye la juventud. Existen diversas interpretaciones, sin perjuicio de que el concepto de juventud es producto, como se ha dicho, de una construcción histórica, social y cultural, no siendo sus límites claramente distinguibles y toda vez que no se trata excluyentemente de una noción biológica, atendiendo a los cambios sociales, culturales y económicos producidos en las últimas décadas, y por razones demográficas –aumento de la expectativa de vida, posposición de la autonomización y retardo en la conformación de una familia, educativas –extensión de los ciclos de formación y mayores exigencias de capacitación, laborales –el más tardío ingreso al mundo del trabajo e institucionales –la mayoría de las organizaciones políticas y sociales ubica el límite superior de la juventud en los treinta (30) años de edad, se entiende por juventud al conjunto de ciudadanos entre los quince (15) y los veintinueve (29) años de edad, distinguiendo dentro de ella tres franjas, los adolescentes, los jóvenes propiamente dichos y los jóvenes adultos.

Este criterio, entonces, pretende contemplar las particularidades y necesidades del conjunto de la juventud, entendiendo por tal a los ciudadanos y ciudadanas entre los quince (18) y los veintinueve (29) años de edad, aspecto que resulta central considerar en pos de las políticas de inclusión que promueve la Constitución del Estado.

ANALISIS DE LA LEY DE LA JUVENTUD

La Ley de la Juventud se crea con fecha 24 de octubre de 2001. Junto con ella se crea el Sistema Nacional encargado de promover los derechos de la juventud. Y se crean los siguientes organismos

Consejo Nacional de Políticas de la Juventud

Instituto Nacional de la Juventud

Consejos Locales de la Juventud

Organizaciones juveniles

Ejes y puntos de partida

El trabajo de la Ley de la juventud parte de un marco jurídico que determina el camino

La Constitución señala:

Prescripciones constitucionales: garantiza (igualdad, goce, acciones positivas, inserción integral), asegura (eficacia, participación), promueve, crea y facilita (empleo, vivienda, créditos, gestión de políticas juveniles, etc.),

En los aspectos más generales esta Ley:

• Promueve el acceso al empleo, salud, educación, y sistema de seguridad social, el de participación, promueve la equidad en sus diversas manifestaciones.
• Crea en el ámbito del Poder Ejecutivo y en las Comunas, áreas de gestión de políticas juveniles y asegura la integración de los jóvenes con la creación de diversos organismos.
• Promueve la creación y facilita el funcionamiento del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud, de carácter plural e independiente.

Para realizar un análisis de esta Ley un primer paso es revisar los planes de acción existentes que desarrollen conceptos sobre la juventud, las líneas de trabajo y documentos, exposiciones vinculados al estado de la juventud en Latinoamérica y Ecuador, con especial énfasis en la distribución del ingreso entre los y las jóvenes, tomando en cuenta el marco jurídico internacional y nacional vigente: la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, diversos tratados internacionales, leyes del estado, normas nacionales, legislación comparada (de diversos países latinoamericanos), textos y análisis académicos, e instrumentos, herramientas, ideas, propuestas e iniciativas ya ejecutadas, evaluadas y corregidas (buenas prácticas).

La ley

Cualquier ley que se crea para abordar una temática específica debe ser concebida como un todo, un conjunto que se articula y se retroalimenta a partir del reconocimiento de derechos que impliquen por otro lado compromisos correlativos, que se expresaran en las propuestas de diversas áreas temáticas que se refieren unas a otras, que se necesitan para alcanzar un impacto de conjunto, ni fragmentado ni fragmentario. Lograda desde una clara y concreta definición de la visión que tenemos sobre la juventud, los y las jóvenes, su situación actual y perspectivas y las características que deben dotar a una verdadera política pública de juventud. Es necesario ampliar los horizontes de la juventud, garantizar derechos, brindarles espacios, ámbitos y herramientas para el hacer, para la participación y la realización individual y colectiva.

Se concibe la Ley además, desde una posición ideológica, es decir desde un conjunto de ideas y valores fundamentales de orden político, económico, cultural y hasta “organizacional”, que caracterizan el pensamiento de un determinado colectivo. No es una propuesta neutral, porque carecería de sentido.

El establecimiento de una ley de la juventud es entonces, la búsqueda de una auténtica carta de derechos de los y las jóvenes, orientada a incrementar la participación, promover su desarrollo pleno, instrumentar planes integrales de juventud y de igualdad de oportunidades y de trato, haciendo operar las garantías y asumiendo los compromisos que aseguren los derechos a la identidad, a la libertad de opinión y expresión, al trabajo, a la cultura y la recreación, a la educación sexual y la salud integral, entre muchos otros.

Los puntos de mayor repercusión de esta la Ley de la Juventud son:

• Definición de la franja juvenil incluyendo a todas las personas sin distinción de género, nacional o extranjera, residentes, comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad.
• Inserción Laboral de Jóvenes: promueve la creación de políticas de gémelo para este sector
• Áreas de Juventud en las Comunas: de este modo podrán intervenir en la elaboración y planificación de políticas de juventud, a la vez que designan dos responsables que integrará el Consejo Nacional de la Juventud.
• Creación del Instituto de la Juventud con autonomía administrativa

Oportunidades y desafíos

• Las y los jóvenes como sujetos de la ley de la juventud
• Participación y políticas públicas

Limitaciones

Generalmente se tiende a:

-Focalizar la participación en aquella vinculada a los espacios culturales y/o

-Situar la participación en el plano político, o en sentido más amplio, en el de la participación ciudadana, como meta deseable –o utopía del pasado, que contrastaría con la realidad de jóvenes cada vez más indiferentes y alejados de estos ámbitos.

…..Si bien la opción de participación toma en consideración que la participación en estos tiempos asume formas culturales, entraña un riesgo al reducir lo participativo a un determinado –y único ámbito. De ninguna manera se trata de poner en tela de juicio el valor de estos espacios, ya que parece confirmarse que, con frecuencia, los jóvenes participan en torno a intereses concretos como movimientos culturales o artísticos y en estos escenarios desarrollan concertaciones, sientan posición y, en cierta medida, construyen el mundo–no como un mundo juvenil distinto, sino con aportes concretos a su contexto– (Hopenhayn ).

Sin duda, los consumos culturales juegan un papel relevante como eje de identidad y participación.

Sin embargo, valdría la pena llamar la atención sobre los riesgos que implica aquella mirada que tiende a concebir las áreas locales de juventud como organizadores de festivales juveniles, cuando en realidad, les compete nada menos que el diseño e implementación de políticas públicas de juventud. La brecha entre estos dos ámbitos de competencia y responsabilidad es inmensa. A su vez, tampoco basta con que exista preocupación y ciertas acciones gubernamentales dirigidas a personas jóvenes para considerarlas políticas de juventud (Krauskopf)

El segundo sesgo tiende a asociar el concepto de participación con aquella que se da en el marco de organizaciones juveniles o político–sociales con cierto grado de institucionalidad o estructura formal. Desde fines de los 80 y durante los 90 se ha registrado una tendencia a la retracción en la participación de las organizaciones en que solían agruparse los jóvenes en décadas anteriores. Se señala así reiteradamente la baja participación de jóvenes en organizaciones políticas y sociales como síntoma de su apatía y desinterés en la materia.

No obstante, cabría preguntarse por qué se producen situaciones de apatía social, no sólo de apatía juvenil. Estudios de opinión realizados en este sentido en países de nuestra región ya desde la década del ´90, señalan una tendencia a la baja de la participación social tradicional en todos los sectores sociales y están lejos de establecer claras diferencias estadísticas en términos de franjas etarias (Bango).

Esta retracción parece vincularse, en parte, con cierto descreimiento respecto de la legitimidad que dichas organizaciones puedan tener para representar los intereses de las personas. Sin embargo, aventuramos matices distintivos en la supuesta apatía de los jóvenes: si bien compartirían esta suerte de crítica hacia las formas de participación tradicionales, distintas expresiones sugieren que este alejamiento no sería idéntico a desinterés. Más aun: aparentemente no son pocos las y los jóvenes que aspiran a una sociedad mejor

y quisieran aportar en ese sentido. Tal vez, suceda con demasiada frecuencia que no saben cómo ni por dónde empezar.

Se hace también necesario reconocer nuevas formas de asociación y de emprendimientos colectivos, sin limitar el potencial de la participación social a las organizaciones altamente institucionalizadas.

Participación y políticas de juventud

La participación política o ciudadana, se puede componer de una enorme diversidad de formas de acción colectiva, esto implica abrirse a los modos cambiantes y a menudo informales que adopta la participación juvenil. En este sentido, no es real la neutralidad de las políticas públicas; así, por ejemplo, el hecho de fomentar la participación asumiendo la diversidad, es una opción política. No existe, en este sentido, política pública puramente “técnica”.

Las propuestas avanzadas de políticas de juventud buscan articular la acción del Estado y la sociedad civil para integrar plenamente a las y los jóvenes en los procesos de transformación económica, social, política y cultural. Aspiran a la integración de las juventudes en el desarrollo nacional como sujetos de derechos y como actores estratégicos del desarrollo. En este sentido, la alusión a derechos refiere concretamente a los

derechos a la identidad, a la libertad de opinión y expresión, al trabajo, a la cultura y la recreación, a la educación sexual y la salud En el nivel más operativo, esto se traduce en la generación de condiciones para brindar oportunidades genuinas de desarrollo integral e inserción social.

Se busca entonces, que al plantearse “la participación” como objetivo o misión de un área local de juventud, ase avance hacia miradas más amplias del concepto. Se propone así una perspectiva que, más allá de la participación en espacios culturales, artísticos e incluso en organizaciones de diverso grado de formalidad, contemplen la participación plena en la vida política, social y económica como sujetos de derechos.
Cuestiones que es necesario revisar y profundizar:

Es necesario revisar diversas leyes nacionales para ver la concordancia entre lo establecido en la Ley de la Juventud y estas otras normativas:

Ley Laboral . Referente a trabajo y formación para el trabajo

Orgánica para la Defensoría del Pueblo”;

Funcionamiento de Organismos de Representación

Códigos de Convivencia

Políticas de acceso a la vivienda

Políticas de Salud Reproductiva y Procreación Responsable

Plan de Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

Plan de micro- emprendimientos .

Ley de erradicación de Trabajo infantil

Leyes orgánicas de Comunas

Consejo de la Juventud

Instituto Nacional de la Juventud

Diversas leyes nacionales, entre otras:

“Régimen de Contrato de Trabajo”;

“Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”;

• Es necesario remarcar que la juventud no es simplemente un período de tránsito de la niñez a la condición adulta, sino una etapa en la evolución del individuo en la que se producen grandes cambios que deben ser considerados y abordados con criterio focalizado e integral (sin que estos conceptos sean contradictorios), reconociendo al joven como un sujeto pleno de derechos, con ideas, opiniones, creencias y emociones genuinas y propias, que deben ser respetadas y consideradas de modo especial.

Éste es el fundamento que evidentemente debe tener la Asamblea Constituyente para revertir desigualdades, promover la equidad y la inclusión, la inserción laboral (empleo y autoempleo), acceso a la vivienda, a la educación y a la salud integral, y el fortalecimiento de la participación activa, el asociativismo, la ciudadanía y los valores democráticos de los y las jóvenes, de modo prioritario, especial y diferenciado, sin que ello implique estigmatización o discriminación alguna.

• En este sentido, se hace también necesario encomendar a un organismo especifico la misión de velar por el respeto y cumplimiento de las garantías consagradas por la ley, alguno de los órganos de control constitucional la Defensoría de Pueblo como el ámbito más adecuado encomendándole velar por los temas que preocupan y ocupan a la juventud, entre otros; sin generar nuevas estructuras burocráticas o alterar competencias, misiones o funciones asignadas a organismos existentes.

• Otro aspecto central concatenado con la efectivización de los derechos y garantías consagrados en la norma de la juventud se relaciona con la activa promoción de la igualdad de oportunidades y de trato,

• Con relación promoción de los derechos y a un activo ejercicio de la ciudadanía joven, resulta central establecer mecanismos directos y eficaces de acceso a la información y los servicios, especialmente estatales, orientando la acción a la generación de igualdad en la información.
• El cupo joven Las medidas que imponen “cuotas” o “cupos” en las listas de candidatos a cargos electivos, en que padecen grupos o minorías. Por ello se propone el establecimiento del “cupo joven”, proponiendo las medidas legislativas suficientes y necesarias para ello, en ausencia de un régimen electoral propio, incluyendo también, una proporción razonable y la posibilidad genuina de que los y las jóvenes resulten electos.

• En materia de presupuesto participativo.

• En relación al trabajo, las estadísticas indican que la desocupación entre los jóvenes es sensiblemente mayor a la media de la población general, un número importante de ellos se encuentran sobreocupados o subocupados;

• que los ingresos de los y las jóvenes son inferiores al promedio general y que la experiencia laboral resulta baja.
• Así como se detecta una carencia de experiencia laboral en algunas franjas, también se advierte un cada vez más temprano ingreso al mercado laboral.